SANTO DOMINGO, República Dominicana.-
(EFE/Marta Florián) La violencia que ha irrumpido en la campaña electoral dominicana de cara a los comicios generales del 15 de mayo pone de relieve, según analistas y políticos, la necesidad de depurar “con pinzas” las candidaturas para evitar la elección de candidatos que “representan los peores intereses”.
El más reciente episodio de violencia se vivió el pasado 11 de marzo cuando tras una acalorada discusión en un restaurante de la capital, fue asesinado el candidato a senador por el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) y exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet.
Febrillet fue tiroteado después de intentar mediar en una discusión política entre los candidatos a diputados por el PRM Edward Montás y Blas Peralta, uno de los principales sindicalistas del cuestionado sector transporte del país, quien en el pasado se ha visto envuelto en hechos delictivos.
De su muerte, precisamente, el Ministerio Público (MP) acusa a Peralta y a otros tres colaboradores, quienes desde este miércoles cumplen un año de prisión preventiva por este hecho, que la Procuraduría confía en que se castigue con la pena máxima de 30 años.
De acuerdo con la denuncia, Botello se molestó porque no se le complació con sus propuestas para la figura de vicealcalde y regidores en la boleta del próximo 15 de mayo.A ello se une una querella de la familia del alcalde de La Romana (este), Tony Adames, contra el diputado Pedro Botello, del minoritario Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), por supuestamente haber disparado esta semana a su residencia tras salir disgustado de una reunión política.
Estos no son los únicos casos de violencia registrados en el proceso electoral del país, en diciembre pasado dos hombres fueron asesinados durante las elecciones primarias del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que llevará nuevamente como candidato presidencial, al actual gobernante Danilo Medina.
Ante este panorama, la presidente del Senado, Cristina Lizardo, del oficialista Partido de la LiberaciónDominicana (PLD), ha llamado a las organizaciones políticas a ser cuidadosas a la hora de elegir a las personas que llevan como aspirantes.
“En los procesos electorales tu siempre vas a encontrar personas que no coinciden contigo, pero en estos tiempos las organizaciones políticas deben tomar en cuenta que las personas que lleven a cargaos electivos deben inspirar respeto y que sea de paz”, dijo.
En ese sentido, llamó a los candidatos a ser ecuánimes, conciliadores y a no dejarse arrastrar por las pasiones.
En esa misma línea se pronunció el analista político César Pérez, quien, en declaraciones a Efe subrayó que la política dominicana “ha llegado a un nivel de degeneración que parece irreversible”.
De acuerdo con el sociólogo, la violencia en la política dominicana “está relacionada con lo rentable” que, al parecer, resulta ser esta actividad y en el “descontrol” de los partidos.
Fruto de esta situación, argumentó, saldrán elegidas en los próximos comicios, a nivel municipal y congresual, autoridades de dudosa reputación.
“En la política dominicana hay candidatos que representan los peores intereses”, dijo, y agregó que “sin dudas” la situación afecta la campaña electoral de cara al 15 de mayo, cuando se elegirá al presidente y vicepresidente del país, senadores, diputados, alcaldes y ediles.
En esta línea se manifestó el exrector de la UASD Franklin García Fermín, quien al solidarizarse con la familia de Febrillet, lamentó que a la política hayan ingresado personas “indeseables” que no reúnen los méritos ni los requisitos para participar en política.
Por su lado, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) deploró la violencia en la campaña electoral y pidió a la Junta Central Electoral (JCE), encargada de organizar los comicios, depurar “con pinzas” las candidaturas a cargos electivos.
Al mismo tiempo, dijo que el asesinato de Febrillet, que ha conmocionado el país, “debe servir de reflexión a la clase política”.
Para detener esta situación, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, reclamó la urgente aprobación de la Ley de Partidos Políticos, que permita determinar quienes financian las organizaciones políticas. EFE
