SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidió al Ministerio Público que investigue al presidente Luis Abinader, ya que -según alega- su campaña fue financiada con dinero del narcotráfico.
Charlie Mariotti, secretario general del partido opositor, leyó en rueda de prensa un documento en el que el Comité Político del PLD acusa al Ministerio Público de «actuar como un instrumento de la reelección de Luis Abinader».
Tras advertir que «no debe haber vacas sagradas», preguntó «por qué las denuncias de corrupción del actual gobierno no han llegado a la justicia».
Indicó que el expediente del denominado caso Calamar fue preparado hace más de dos años, «y ahora es que lo exponen a luz pública, por la proximidad de las elecciones de 2024».
Advirtió que el PLD está en sesión permanente y anunció que «en la reunión del domingo del Comité Central se tomarán importantes decisiones para la defensa de la democracia».
«Las calles de República Dominicana serán testigos de la lucha que librararemos en defensa de la democracia», expresó el también exsenador por la provincia Monte Plata, quien convocó a una jornada nacional de movilizaciones.
La directiva del PLD se reunió esta mañana para abordar el asunto que implica a miembros de sus filas y después ofreció una rueda de prensa, mientras decenas de simpatizantes se congregaron a las puertas de la sede de la formación con banderas del partido.
Los asistentes gritaban lemas como «Estamos en la calle y no tenemos miedo» y algunos de ellos marcharon hacia el Palacio de Justicia, donde lanzaron piedras contra los cristales de la sede judicial.
Ante estos actos, las fuerzas de seguridad que acordonaban la entrada del Palacio de Justicia respondieron con gases lacrimógenos, resultando heridos leves cuatro legisladores, que recibieron atención sanitaria en un centro médico cercano.
Mariotti expresó: «No podemos dejar pasar, de expresar nuestra profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros», por un Ministerio Público que actúa como «instrumento en la reelección» del presidente dominicano, Luis Abinader, el año próximo.
Insistió en que «detrás de esas acciones hay intereses marcadamente políticos y reeleccionistas», pues hace dos años ya habían preparado esos documentos que ahora presentan, pero «han esperado» a un año antes de los comicios dominicanos que, subrayó, «van a perder».
«No nos vamos a dejar distraer por un Gobierno en caída libre», dijo Mariotti, quien afirmó que «el que piensa que el PLD abandonará las calles se equivocó de medio a medio» y añadió: aunque Abinader «se ha propuesto destruir al PLD (…) no tenemos miedo, nadie nos sacará de las calles».
Anunció que en el Comité Central del domingo se tomarán importantes decisiones para «la defensa de la democracia» y de «los inteseses del pueblo dominicano» y se anunciará una jornada nacional de movilización, en la que las calles de República Dominicana «serán testigos de las luchas que libraremos» a favor del sistema democrático.
En la Operación Calamar han sido detenidas por el momento 19 personas, entre ellas los antiguos ministros de la Presidencia José Ramón Peralta, de Hacienda Donald Guerrero y de Obras Públicas Gonzalo Castillo, que fue candidato del partido a las elecciones presidenciales de 2020, así como del ex contralor general de la República Daniel Omar Caamaño
Entre los arrestados están también el que fuera director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el antiguo director de Catastro Nacional Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Los detenidos en el operativo, que incluyó 40 registros en diferentes partes del país, serán presentados en las próximas horas ante los tribunales.
Según un comunicado de la PGR, los cargos preliminares del Ministerio Público son asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.
El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19.000 millones de pesos (unos 345,5 millones de dólares) y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el CEA, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, entre otras.
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El grupo está acusado de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos.
