El juzgado de Atención Permanente de la provincia Sánchez Ramírez impuso ocho meses de prisión preventiva contra los acuados de formar parte de una red de tráfico ilícito de migrantes, que fueron arrestados el pasado 5 de marzo tras la puesta en marcha de la Operación La Ruta.
La jueza Dorka Altagracia Vásquez Peguero dispuso que los imputados Juan Agustín Batista, Willians Ramón Batista, Briam Rosario, Justino Abreu y Manuel Castillo, cumplan la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega.
Asimismo, dispuso que el imputado Felipe Sánchez, cumpla la prisión preventiva en la Fortaleza de Cotuí, en Sánchez Ramírez, al tiempo que ordenó la prisión domiciliaria por el mismo tiempo a Victoriano Aracena por una condición de salud.
El tribunal tomó la decisión, al acoger la solicitud de medida de coerción y declaratoria de caso complejo, en contra de los fiscales litigantes Ginna Matías y Francis Valerio, de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Sánchez Ramírez, respectivamente.
De acuerdo a la acusación el grupo, junto a Henri Reyes Muñoz (prófugo), encabezaban esta red criminal que utilizaba documentos de viajes falsificados para traficar migrantes por las rutas de Haití, Panamá, Colombia, México, Islas Vírgenes (Trinidad y Tobago) y Guatemala, teniendo como destino final el ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica.
Según la acusación, los integrantes de esta red realizaban cobros de montos ascendentes a 15,000.00 dólares por cada migrante.
A los imputados se ocupó vehículos, computadoras, celulares, armas de fuego y municiones, que de acuerdo al ministerio público, prueban su participación directa en esta estructura de criminalidad organizada.
Señala que las personas vinculadas a hechos delictivos utilizaban de manera frecuente los servicios de esta organización para salir del país y así evadir la persecución penal.
La titular PETT, Yoanna Bejarán, ha destacado en el proceso que la operación se inscribe dentro de las acciones que encamina el Ministerio Público contra la criminalidad organizada, bajo los lineamientos de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
La fiscal titular de la provincia Sánchez Ramírez, Juana Hernández, junto a los fiscales Gina Matías y Francis Valerio, participó en la operación que también contó con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim), la Dirección Central de Prevención, Operaciones Especiales, el Departamento de Inteligencia Sensitiva (DIS) y las demás Agencias de Investigaciones Especializadas de la Policía Nacional.
El Ministerio Público imputa a los arrestados, de manera provisional, la violación a lo establecido en los artículos 147, 150, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como también en el artículo 7, literal H, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
