Por Robert Vargas y Julio Benzant / Vídeos
La clausura la semana pasada durante al menos tres meses del centro de diversión "InvoluKrate Drink", por orden de un juez, ha servido para desvelar la existencia de un tinglado que funcionaría en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el Ministgerio de interior y Policía y el Palacio Nacional, para auspiciar el funcionamiento de negocios considerados ruidosos por la propia alcaldía, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo.
InvoluKrate Drink es un lujoso establecimiento de diversión incrustado dentro del perímetro del mercado municipal de Los Mina que, según el ASDE y el Ministerio Público, escandalizaba el entorno y ocupaba los espacios públicos en medio de sonoras fiestas nocturnas.
Pedro Pérez Lara, abogado de InvoluKrate Drink
Aunque el ASDE y el Ministerio Público lo clausuraron el pasado jueves, un hombre, Pedro Pérez Lara, que dijo ser el abogado de los propietarios del establecimiento, mostró a Ciudad Oriental documentos con los que pretende demostrar que InvoluKrate Drink actuaba allí con el consentimiento de la alcaldía, que le cobraba arbitrios para permitirle sus operaciones.
El asunto cobra mayor importancia porque el letrado anda con una comunicación supuestamente redactada por un funcionario del Gobierno, y alegado hermano del presidnete Danilo Medina, que solicita al Ministerio Público tener consideración y dejar sin la clausura del establecimiento.
Las presuntas implicaciones del ASDE y del Poder Ejecutivo con los propietarios de este "drink" chocan frontalmente con la exitosa guerra que durante cinco años ha librado la alcaldía de Santo Domingo Este y el Ministerio Público contra los ruidosos.
Además, pone en entredicho la sinceridad del Poder Ejecutivo cuando dice que asume la defensa de la tranquilidad en los hogares confrontando a los ruidosos.
El asunto tiende a empeorar porque, según el letrado, los propietarios de InvoluKrate Drink han contado con "permisos" otorgados por el Ministerio de Interior y Policía para cerrar una calle donde realizar fiestas a cielo abierto.
De paso, el establecimiento es "respaldado" por una supuesta Junta de Vecinos.
Todos estos "respaldos" explicarían el por qué de la indiferencia del 911 ante los llamados de vecinos que solicitaban silenciar el establecimiento en horas de la madrugada.
En una clara exhibición de poder de "persuación", el abogado Lara Sánchez se presentó el pasado viernes, junto a una mujer que dice ser la propietaria del establecimiento, ante la oficina de la Procuradora Fiscal Raquel Cruz, a donde llevó una carta firmada por "el licenciado José Quezada Sánchez, asistente del señor Medina Sánchez, que es hermano del señor Presidente (Danilo Medina)".
En la misiva, Quezada Sánchez le dice a la magistrada, según Lara Sánchez, que la propietaria de InvoluKrate Drink "es una persona de mucha confianza, muy amistosa, de mucha colaboración ( por lo que solicita que) se le tome en consideración porque no hay ninguna inconveniencia ni con la comunidad (porque se trata de ) un negocio limpio, cerrado y tranquilo".
Las consideraciones del asistente del presidente Danilo Medina para solicitar ordenar la reapertura pura y simple del negocio, contrastan con las evidencias recolectadas por el Ministerio Público en el lugar en horas de la madrugada en varias ocasiones.
Técnicos de medioambiente comprobaron que las emisiones de ruido provocadas desde el establecimiento superan por mucho los 55 decibiles admitidos por la ley y que, incluso, un tramo de la calle Juan Pablo Duarte fue cerrada para realizar una fiesta al aire libre con un músico urbano denominado "El Abuelo del Mambo".
Respecto de ese cierrre, el abogado mostró documentación según la cual el Ayuntamiento de Santo Domingo Este cobró arbitrios por un monto de cinco mil pesos para autorizarle el cierre de la calle donde harían la fiesta.
El abogado dijo que el Ayuntamiento e Interior y Policía le conceden permisos para cerrar la calle "para ella hacerle cosas a los niños en la calle para que no piensen mal".
Dice, además, que "la comunidad" está solicitando la reapertura del establecimiento porque este es "un negocio sano", que tiene "unos 60 o 70 empleados".
A pesar del alto número de empleados, las dimensiones del establecimientos son menores a las de una vivienda familiar común de Los Mina, incapaz de albergar por sí sola a esa empleomanía a y a la clientela simultáneamente.
El abogado también mostró documentación, según la cual, InvoluKrate Drink, pagó impuestos por encima de los 900 mil pesos.
A pesar de eso "le clausuran el negocio, un negocio limpio, sin problemas, donde no hay bulla, no hay nada, sin darle una notificación ni aceptarle a ella que entre a su negocio. Su negocio es de ella", se quejó Lara Sánchez.
Desde su punto de vista, el Ministerio Público tenía que permitirle a la propietaria ingresar al establecimiento porque ella no sabe "llo que se llevan ni lo que le están dejando, ni mucho menos".
Al momento del allanamiento, en el local estaba presente una empleada de la empresa en presencia de la cual se hizo la requisa y los secuestros de los equipos.
A la empleada le entregaron un documento en el que estaban escritos y detallados todos los objetos de los que las autoridades se incautaron.
Es la segunda vez, desde el año 2011, que algún funcionario del Palacio Nacional pretende interferir en las acciones del Ministerio Público en Santo Domingo Este para presionar la apertura de un negocio clausurado en cumplimiento de la orden de un juez.
La vez anterior fue otro establecimiento similar denominado "La Paloma", que escandalizaba en la carretera de Mendoza.
En esa ocasión salió a relucir que "un hermano del presidente Danilo Medina" estaba implicado en esas presiones al Ministerio Público.
Las autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este a InvolucKrate Drink para sus operaciones dentro del mercado municipal, desdice bastante de la ofensiva contra la contaminación sónica que el alcalde Juan de los Santos ha liderado en Santo Domingo Este.
