SANTO DOMINGO, RD
– República Dominicana figura entre los países de la región con más presos sin condena en un informe divulgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Conforme el estudio “Mejor gasto para mejores vidas: Cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos”, el 72 % de los privados de libertad en República Dominicana entre 1999 y 2017 estaban en la cárcel sin condena, muy por encima de la media regional de 44 % para ese periodo.
República Dominicana y Bolivia comparten el tercer lugar en una lista de 24 países en la que son superados solo por Paraguay con 78 % y Haití con 79 %.
El reporte, que se reseña en una nota de Diario Libre, destaca que, aunque en la última década la región ha introducido importantes reformas penales para acelerar los procedimientos y agilizar los juicios que, en la mayoría de los casos, ha generado una tendencia a la baja, en términos relativos, el número de personas privadas de la libertad sin condena sigue siendo elevado.
El 60.3 % de los 26 mil 286 internos en las cárceles del país hasta el 31 de agosto eran preventivos y el resto condenados, según la Procuraduría General de la República.
El informe del BID explica que la prisión preventiva se aplica para mitigar tres riesgos potenciales del imputado: daño a la comunidad (peligrosidad), interferencia en una investigación o fuga.
“Lamentablemente, la mayoría de los jueces de América Latina utiliza un criterio subjetivo para interpretar estos tres riesgos”, indica.
Sostiene que “los altos niveles de impunidad y de prisión preventiva están relacionados con la baja capacidad de aprehender y procesar a los infractores (investigación efectiva), así como de juzgar y sancionar a los procesados (juicio efectivo)”.
Según el informe, naciones como Argentina y Jamaica concentran más su gasto en la policía, mientras que Brasil y la República Dominicana lo focalizan más en la Justicia.
En torno al peso de cada tipo de gasto en el total y su relación con el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, los analistas destacan que cuanto más desarrollado es un país, mayor parece ser la proporción de lo que gasta en prisiones (y en otros rubros), en comparación con la policía y la Justicia.
Explican que eso puede deberse en parte a que en países de ingreso per cápita más bajo, las tasas de delincuencia tienden a ser más altas, y se prioriza el gasto en policía por encima de otros. A su vez, es posible que los países desarrollados gasten más en prisiones porque están más sometidos a la presión ciudadana para garantizar los derechos básicos de los privados de libertad.
“Para lograr un gasto más inteligente en servicios de justicia penal, la región necesita que la cárcel y las sentencias más severas se reserven para los criminales más peligrosos, y que existan sanciones alternativas al encarcelamiento para los infractores no violentos y los delitos de bajo impacto”, destaca el informe.
Sin embargo, desde el BID se cuestiona que la región se mueva en la dirección opuesta pues entre 2002 y 2014, se duplicó la población penitenciaria de la región (17 países): pasó de casi 600,000 a 1.2 millones, con una tasa de crecimiento anual del 8 %.
“Si la población penitenciaria continúa aumentando a las tasas actuales, hacia 2030 la región llegaría a tener casi 3.4 millones de personas privadas de la libertad, y un gasto público adicional de por lo menos US$13,000 millones más que el gasto en prisiones de 2014”, estima el organismo.
