SANTO DOMINGO (Por Mariela Pérez Valenzuela, corresponsal jefa Prensa Latina en República Dominicana).- La Cámara de Diputados y el Senado de la República Dominicana continuarán sesiones luego de que el presidente, Luis Abinader, convocara a legislatura extraordinaria hasta el 15 de agosto para conocer los proyectos de ley pendientes de alto interés nacional, entre estos el Código Penal, cuyo análisis provocó acaloradas discusiones.
La actual legislatura, iniciada el 17 de febrero pasado, concluye este sábado 26 de julio sin la aprobación del debatido Código Penal, sancionado por el Senado tras altercados, y con la oposición de partidos políticos, organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos.
El pasado 21 de julio el Senado dio luz verde en segunda lectura al proyecto de ley que busca reformar el Código Penal -que data de 1884-, sin la despenalización del aborto bajo tres causas excepcionales, lo cual generó discrepancias y divisiones entre los legisladores.
República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que prohíbe la interrupción del embarazo, incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo, aunque sea resultado de una violación o incesto y si el feto posee una malformación incompatible con la vida.
El proyecto de ley, engavetado y desempolvado durante más de 20 años, pasó de inmediato a la Cámara de Diputados, que el 23 de julio extendió su jornada 13 horas, hasta completar en la noche la lectura íntegra de los más de 400 artículos del proyecto, antes de iniciar los debates.
El tiempo, no obstante, fue insuficiente para llegar a una conclusión debido a los obstáculos y desacuerdos que enfrenta la pieza, por lo que la labor legislativa continuará por ser de interés nacional.
MÁS ALLÁ DE LA CONTROVERSIA SOBRE EL ABORTO
Decenas de organizaciones sociales agrupadas en la «Iniciativa Ciudadana por Un Mejor Código», alertaron en días recientes sobre los peligros del proyecto de Código Penal propuesto por la comisión bicameral del Congreso Nacional.
Además de excluir las tres causales del aborto, alertaron que la pieza contempla de dos a tres años de prisión en caso de interrupción del embarazo, y adiciona otros elementos que agravan los derechos humanos y la libertad de expresión.
Coincidieron en que uno de los aspectos más delicados es que deja fuera de responsabilidad penal al Estado, a los Ayuntamientos y a los partidos políticos, lo que «significa darle carta blanca a la corrupción y a los abusos desde el poder».
Además, criticaron que los casos de corrupción sólo podrán investigarse hasta 20 años después de suceder, abandonando la idea de que los delitos siempre son sancionables.
«Un retraso, una vergüenza», así catalogaron el texto que debilita la tipificación del feminicidio al limitar este delito solo a cuando la víctima presenta signos de violencia sexual o mutilación genital; cuando su cuerpo sea exhibido en un lugar público o cuando sea utilizado en ritos grupales. Es decir, si el agresor mata, pero no viola a su víctima, no califica como feminicidio.
Al mismo tiempo reduce penas a la violencia de género al establecer sólo de uno a tres años de prisión, en las manifestaciones más frecuentes, y también la baja si el violador es pareja de la víctima.
Refieren, además, que el Código no representa la voluntad popular en la medida en que criminaliza la protesta y penaliza hasta con 30 años de prisión el envío de información a cualquier institución extranjera, porque podría ser espionaje.
Luz Eneida Mejía, representante del Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), expresó a Prensa Latina que junto a otras organizaciones repudian el Código Penal, ya que este representa una regresión.
Mejía manifestó que es «un retroceso significativo en materia de derechos humanos, en especial en lo que respecta a las garantías de las mujeres y sectores vulnerables». Es «un disfraz de modernización», puntualizó.
NECESIDAD DE UN NUEVO CÓDIGO
Si de algo están convencidos los dominicanos es de la necesidad de un nuevo Código Penal que tipifique decenas de delitos que hoy no castiga la ley.
El actual data de más de un siglo y no responde a las necesidades de la sociedad, lo que genera un vacío legal que ha permitido que algunas infracciones queden impunes.
Sin embargo, si bien la población aplaude la incorporación de nuevas figuras delictivas en el proyecto aprobado por el Senado, sobre todo exige un Código justo, es decir, que cada proceso honre el significado de la balanza colocada sobre el escritorio de un juzgado: imparcialidad y equidad.
Entre los nuevos tipos penales tipificados figura el terrorismo, el genocidio, la tortura, el «bullying», la explotación sexual de menores y adolescentes, ciberdelitos y la desaparición forzada de personas.
Además, la inducción al suicidio, daños con sustancias químicas, el robo de identidad, la actividad sexual no consentida y la extorsión, pero, también, reduce penas y desoye reclamos de siempre como las tres causales para el aborto, un tema que a lo largo de los años genera controversia en la sociedad dominicana.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice, exhortó al Congreso Nacional a sancionar el proyecto del nuevo Código Penal para cumplir con el compromiso ciudadano de actualizar la ley.
Si en 2006 el entonces presidente Leonel Fernández devolvió la reforma aprobada por considerar que tenía incoherencias con el Código Procesal Penal, y bajo la gestión de Danilo Medina (2012-2020) este frenó la pieza por la polémica sobre la interrupción del embarazo, hoy no se sabe a ciencia cierta qué pasará.
Decenas de organizaciones piden al presidente Luis Abinader, quien tiene la última palabra, que no apruebe este Código.
Argumentan que significa un retroceso por varias razones: penalización total del aborto, falta de perspectiva de género, endurecimiento de penas para ciertos delitos como la interrupción del embarazo y limitaciones en la justicia.
Defienden que «el pueblo merece un código que proteja a las víctimas, sancione a los agresores y garantice los derechos de todos, y no uno que legalice la impunidad».
