El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron el miércoles en La Habana que han llegado a un acuerdo de paz que finaliza más de 50 años de conflicto armado. Esto inicia el camino para ponerle fin a la guerra más larga del continente.
El proceso incluye un cronograma para que los guerrilleros depongan las armas, establece una vía para que los excombatientes
vuelvan a la vida civily abre la puerta para su participación en política.
Sin embargo, para la mayoría de los colombianos el acuerdo es apenas una promesa de que la guerra, que duró 52 años y cobró la vida de unas 220.000 personas además de desplazar a más de 5 millones de ciudadanos, podría llegar a su fin.
La paz en Colombia parece más probable que nunca, pero falta que los colombianos ratifiquen el acuerdo. El presidente Juan Manuel Santos, quien ha apostado todo su capital político en este proceso de paz, ahora debe buscar el apoyo del pueblo, que votará en un plebiscito para aprobar el acuerdo.
El expresidente Álvaro Uribe, cuyo mandato terminó en 2010, es reconocido por los logros militares que obligaron a que los guerrilleros se sentaran en la mesa de negociación. Actualmente, como senador, lidera la campaña en contra del acuerdo y dice que equivale a una injusta amnistía para las Farc.
“El resultado para el país es que los peores genocidas y mayores asesinos van a terminar pagando cero días de cárcel, van a ser premiados con representación política”, dijo
Paloma Valencia, una senadora del Centro Democrático, el partido de Uribe. “Se va a romper cualquier posibilidad de que Colombia avance por la senda del Estado de derecho”.
Pero otros valoran el acuerdo como un paso importante para un país de 50 millones de personas cuyo crecimiento económico se ha visto frenado durante mucho tiempo porque el Estado no controla la totalidad de su territorio.
“Es una enorme oportunidad para que el país cree un Estado democrático, lo que nos permitirá vivir en paz”, dijo María Emma Wills, analista política del Centro Nacional de la Memoria Histórica, un grupo de investigación del gobierno.
También advirtió que “el acuerdo tiene una fuerte oposición política, y el próximo trabajo será su promoción pública”.
La guerra con las Farc sigue siendo uno de los temas con mayor carga emocional en Colombia, pues cientos de colombianos han sido afectados por los secuestros y las matanzas de civiles atrapados entre los guerrilleros y el ejército. Miles de colombianos más salieron del país por temor a la violencia.
Durante meses los guerrilleros y el gobierno se han estado acercando al acuerdo final. En junio, ambos bandos anunciaron un alto al fuego y los rebeldes anunciaron que habían aceptado dejar las armas.
Un mes antes, el gobierno y las Farc declararon que habían
acordado la liberación de los niños soldado de la guerrilla, otro paso que ayudó a impulsar las negociaciones hacia su etapa final.
Ambas partes dicen que han resuelto la mayoría de los puntos de fricción que durante años los mantuvieron en conflicto. Pero incluso si este documento es aprobado por el pueblo colombiano, su éxito no está garantizado.
Todavía existen dudas sobre cómo se adaptarán los guerrilleros a la sociedad y si la sociedad colombiana está lista para aceptarlos.
Y un punto muy importante: ¿los guerrilleros están dispuestos a entregar no solo sus armas, sino también el control que ejercen sobre el negocio del narcotráfico?
El Departamento de Estado de Estados Unidos describe a las Farc como una organización terrorista que “controla la mayoría de la producción y distribución de la cocaína en Colombia, y es responsable de gran parte de la oferta mundial de cocaína”.
El líder de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, ayudó a establecer las políticas del grupo sobre “la producción y distribución de cientos de toneladas de cocaína” y es responsable del asesinato de cientos de personas, añade el
Departamento de Estado.
Sin embargo, el acuerdo de paz incluye amplias garantías para darle forma al país luego del conflicto. En reconocimiento a una de las denuncias más antiguas de las Farc, el gobierno se ha comprometido a hacer inversiones significativas en áreas rurales.
Un punto de contención ha sido el futuro de los guerrilleros. Durante décadas, las Farc financiaron su insurgencia a través del secuestro, una táctica que sembró el terror en el país y que plagió a soldados, empresarios e incluso a una candidata presidencial, Ingrid Betancourt, que estuvo secuestrada más de ocho años antes de ser rescatada por las fuerzas armadas.
Las Farc reclutaron a miles de niños soldado, tomaron pueblos enteros y fueron responsables por actos terroristas, masacres y atentados como el del Club el Nogal en Bogotá en 2003.
El acuerdo final trata de resolver el pasado con un papel y un bolígrafo: bajo un sistema de justicia transicional, la mayoría de los crímenes podrán ser resueltos con sentencias reducidas. El congreso debe aprobar una ley de amnistía para los guerrilleros, un punto que ha sido difícil de aceptar para algunas víctimas.
Silvio Hernández, padre de Erik, un soldado asesinado por las Farc durante un combate en 2011, dijo que el acuerdo no traería justicia.
“Las Farc no van a pagar por el crimen contra mi hijo”, dijo. “Es muy bueno que estemos cerca de la paz, pero todavía tengo muchas dudas”.
