SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente Danilo Medina declaró este miércoles que nunca, desde el Poder Ejecutivo, habrá intervención en otros poderes del Estado, pero que como ciudadano le preocupa la situación de este sector.
Por tal motivo, pidió a las instituciones del Poder Judicial que cumplan con su rol de hacer una justicia transparente.
Al hablar en el almuerzo de fin de año de la Cámara Americana de Comercio, dijo que el país necesita tener instituciones fuertes que le permitan ofrecer garantías jurídicas.
Sostuvo que como presidente de la República defiende la separación de poderes que establece la Constitución y la plena autonomía del Poder Judicial.
Discurso de Medina
El texto del discurso del Jefe del Estado es el siguiente:
“Pocos auditorios en el país conocen mejor el estado de la Nación dominicana y de la economía mundial que éste al que hoy tengo la oportunidad de dirigirme.
Cuando acepté la invitación que me hiciera la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, era plenamente consciente de la excelente oportunidad que me ofrecía este encuentro con ustedes.
No para venir a hablarles de cuánto creceremos este año o el que viene.
Ni para saturarlos con todas y cada una de las acciones en el ámbito social y económico que hemos ejecutado.
No.
No voy a abrumarlos listándole los problemas ancestrales que hemos venido arrastrando desde décadas.
Ni a destacar los esfuerzos que hemos realizado para tratar de enfrentarlos de la mejor manera posible con los escasos recursos disponibles.
Ustedes, mejor que nadie, saben lo que significa tratar de hacer cosas con presupuestos limitados.
Hoy quiero aprovechar esta oportunidad para explicarles la visión de país que ha guiado nuestra labor desde que me juramenté el 16 de agosto del año 2012.
Y sobre todo, para compartir con ustedes mi visión de los problemas en los que debemos avanzar como país en los próximos años.
Y en esta última parte, también quiero hablarles de cómo percibimos el papel que ustedes, empresarios y empresarias, están llamados a jugar en el desarrollo presente y futuro de la Nación.
Y sobre todo, para manifestarles abierta y francamente, que quien les habla es probablemente el político dominicano más convencido de que sin la participación decisiva del sector privado como motor del crecimiento económico, todos los esfuerzos que puedan realizarse desde el Estado no serán suficientes para lograr el desarrollo integral de la Nación dominicana.
Ningún país del mundo, en ningún momento de la historia, ha podido alcanzar el progreso económico y social movido por la acción única y solitaria del Estado.
Gobierno y sector privado deben ser aliados en la causa común del progreso y el desarrollo, con justicia social.
Así ha sido en la República Dominicana en los últimos tres años y confiamos en que lo siga siendo, cada vez más.
Por que juntos estamos probando que es posible alcanzar un gran dinamismo económico y, a la vez, promover la igualdad de oportunidades y sentar las bases de un nuevo estado de bienestar, donde cientos de miles de dominicanas y dominicanos dejen atrás la precariedad y se incorporen a una amplia clase media.
Amigos y amigas,
Dentro y fuera del país se reconoce todo el esfuerzo que desde el Gobierno hemos estado realizando para mejorar el clima económico y de negocios en el país.
No voy a abrumarlos con las mejorías que hemos logrado en los rankings internacionales, tal como lo han reconocido el FMI, el BID, JP Morgan, Scotiabank, Citibank, FITCH, Standard and Poors, entre otros.
Sin embargo, también soy consciente de que existen aún muchas barreras.
Una de ellas, ha sido abordada reiteradamente por esta Cámara Americana de Comercio.
Me refiero al freno al desarrollo que impone el deficiente y deficitario mercado eléctrico.
Soy consciente de que una buena parte de los aquí presentes reaccionaron sorprendidos y preocupados cuando desde el Gobierno tomamos la decisión de construir dos plantas a carbón en Punta Catalina.
Hoy quiero revelarles el porqué nos vimos precisados a tomar esa decisión.
Los organismos internacionales de financiamiento, los bancos de inversión y las firmas calificadoras de riesgo, venían resaltando, desde hace años, la necesidad de invertir en tecnologías de generación que permitiesen reducir el costo promedio de producir electricidad en el país.
No sólo para mejorar la competitividad, sino también, para reducir la carga fiscal que este sector ha representado y sobre todo el peso que provoca en los niveles de endeudamiento del país.
Teníamos, y todavía tenemos, un parque con una muy elevada participación de plantas que consumen derivados de petróleo.
Todos indicaban que era urgente y necesario modificar la matriz de generación.
Pero los reclamos quedaban en el aire.
Daba la impresión de que algunos apostaban más a la prolongación de la vigencia de acuerdos y contratos, que a la necesidad de invertir en nuevas tecnologías, capaces de generar electricidad a precios más bajos.
Pero como el destino me colocó en la Presidencia de la República, frente a esta situación, el Estado tenía que actuar.
Y actuamos!
Fue por eso que tomamos la decisión de invertir en las dos plantas de Punta Catalina.
Mientras simultáneamente iniciábamos las gestiones para pagar anticipadamente la deuda con Petrocaribe y PDVSA, con el fin de lograr un descuento que redujera la deuda pública del país en una cantidad similar al monto total que terminaremos invirtiendo en Punta Catalina.
Con esa inversión dejamos saber claramente al mercado eléctrico y a todos sus agentes, cuál era y es la política del Estado en materia del costo de generación.
¿Significa lo anterior que quien les habla favorece que el Estado opere como empresario en la generación de electricidad?
En lo absoluto.
Lo que significa es que el Estado no podía permanecer de brazos cruzados frente a un costo de generación que se negaba a bajar.
En parte por las rentas excesivas que se derivan de varios contratos de compra y venta de energía todavía vigentes.
Además del costo que para el momento tenían en el mercado internacional los productos derivados del petróleo.
Quiero aprovechar la oportunidad que se me ofrece hoy en este escenario para anunciar al país que el Gobierno dominicano desea contar con la participación privada, nacional y extranjera en la empresa de generación de
Punta Catalina.
Nuestro objetivo primordial era, es y seguirá siendo bajar el costo de la generación, no aumentar la participación del Estado en las empresas eléctricas del país.
Pero, además, queremos declarar nuestro interés en la eliminación de todas las trabas que han impedido la deseada conversión y operación a gas natural licuado de plantas ya existentes en el país, lo que sería posible con la construcción del gasoducto desde Andrés y otro proyecto similar que se está estudiando en área Noroeste.
Empresarias y Empresarios,
Otra barrera que limita la inversión privada en nuestro país es la ausencia de un mercado de tierras transparente y creíble.
Si los derechos de propiedad no están claramente definidos en un mercado, difícilmente la inversión fluirá hacia el mismo.
Cuando dimos a conocer la meta de 10 millones de turistas a ser alcanzada en un período de 10 años, éramos conscientes de que necesitaríamos prácticamente duplicar la oferta hotelera del país.
Y, a pesar de que hemos ido eliminando escollos y opacidades en algunas geografías atractivas para la inversión hotelera, todavía nos queda un largo camino por recorrer.
Desde el Gobierno hemos sido pacientes, esperando que muchos casos y litis puedan ser resueltos en el ámbito de la justicia.
Como debe ser.
Sin embargo la dilación es un crimen si la misma impide a miles de dominicanas y dominicanos tener la oportunidad de un trabajo que le permita dar sustento a sus familias.
La indefinición derrumba las esperanzas de los residentes de esas geografías que están a la espera de inversiones creadoras de empleos y riqueza.
Además, las deficiencias en el mercado de tierras no se limitan a las barreras que impone a la inversión privada nacional y extranjera.
Cientos de miles de familias dominicanas, en su mayoría viviendo en la pobreza, son obligadas a residir en viviendas no tituladas.
Al margen de la legalidad.
Y quien les habla no puede ser indiferente ante este problema.
Por el contrario, hemos estado trabajando arduamente, con la Comisión Nacional de Titulación, para resolver, de una vez y por todas, esta situación.
Y quiero anunciar que, en coordinación con la Jurisdicción Inmobiliaria, hemos acordado dar el apoyo financiero necesario para que la misma pueda agilizar los procesos.
Y a partir de enero del próximo año comenzaremos a entregar decenas de miles de títulos de propiedad definitivos.
Este es uno de los retos más grandes que tiene el Estado Dominicano y una de las áreas a la que debemos dedicar más esfuerzos.
No podemos mantener a cientos de miles de dominicanos en la pobreza, porque desde el Estado no hayamos avanzado lo suficiente para regularizar y formalizar la titulación de propiedades poseídas informalmente, pero no legalmente reconocidas.
Hablamos de familias que, a pesar de tener un capital, tienen en la práctica, – como lo ha denominado el economista peruano Hernando De Soto-, un capital muerto, pues no cuentan con el sustento legal que lo convierta en un activo transable.
Es inaceptable que ese capital muerto permanezca en esa situación, sabiendo todos que sus poseedores son personas pobres.
Mucho menos, si podemos resucitarlo con la dotación de títulos de propiedad.
Una de las razones por las cuales nuestra economía sigue exhibiendo un índice bajo de profundización financiera de cartera, es precisamente, que cientos de miles de dominicanos y dominicanas no son sujetos de crédito, pues no cuentan con nada que puedan ofrecer en garantía.
La titulación masiva de propiedades creará un ejército de garantías que servirán para multiplicar los niveles de préstamos que hoy confieren los bancos nacionales e internacionales establecidos en nuestro país.
Y, lo más importante, llevarán certidumbre y tranquilidad a miles de hogares que actualmente viven en la precariedad.
No les quepa duda de que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo, todo lo humanamente posible para terminar con esta situación de injusticia y para garantizar la seguridad jurídica y los derechos adquiridos.
Amigas y Amigos,
Otra área fundamental para el empresariado, en la cual podemos exhibir avances considerables, es la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria del país.
Contamos con una de las infraestructuras viales mejor calificadas de la región.
Y una abundante dotación de infraestructura portuaria y aeroportuaria.
Pero tenemos que seguir mejorando si queremos equipararnos a la oferta existente en otras áreas del mundo como el sudeste asiático.
Yo lo tengo tan claro como ustedes.
No competimos únicamente con nuestra región.
Debemos ser capaces de competir con todo el mundo.
Porque sin infraestructura no hay desarrollo.
La realidad, sin embargo, es que el gobierno no cuenta con los recursos para asumir en solitario esta responsabilidad.
Necesitamos la participación decidida del sector privado.
Y esto me lleva, señoras y señores, a hablarles de otro eje fundamental del modelo de país que estamos construyendo: la creación de alianzas publico-privadas.
Porque sabemos que, aunque las capacidades del Estado son fundamentales para desarrollar el país, nunca van a ser suficientes.
Por eso, solo forjando grandes alianzas, sólidas y duraderas, basadas en la confianza mutua y en la palabra cumplida, lograremos enfrentar con éxito los grandes retos del país.
Solo mediante los grandes acuerdos seremos capaces de construir los cambios profundos que necesitamos y las soluciones duraderas que merece nuestra gente.
Por eso, si recuerdan, en 2012 les dije que, además del diálogo, íbamos a buscar nuevos instrumentos legales para mejorar el financiamiento de este tipo de iniciativas conjuntas y hacerlas factibles y productivas.
Y esos instrumentos los estamos poniendo ya a funcionar.
Me refiero principalmente a la Ley de Fideicomiso, pero también a la ley de concesiones, actualmente en el Congreso, y a la Ley de Asocios Público-Privados, que nos abrirá un nuevo campo de colaboración para los contratos entre el Estado y organizaciones privadas.
Tenemos que ser capaces de ampliar nuestras infraestructuras, evitando que los gastos de inversión repercutan negativamente en las finanzas públicas.
Y esto podemos lograrlo a través de programas bien transparentes de inversiones realizadas y gestionadas por empresas concesionarias o asociaciones
público-privadas.
Es cuestión de medir bien los riesgos, y definir plazos económicos y políticamente razonables para la recuperación de la inversión.
Ya estamos trabajando, en el marco de la Iniciativa para la Productividad y Competitividad Nacional, una propuesta legislativa para dotar al país del marco legal e institucional que nos permita tener una moderna y completa ley de asociaciones público privadas.
Señoras y Señores,
Las alianzas público-privadas deben orientarse también a la solución de una de las barreras más serias que enfrenta nuestra nación en su jornada hacia el desarrollo integral.
Me refiero a la ausencia de un sistema moderno de transporte público masivo de pasajeros en los principales centros urbanos del país, especialmente, en el Gran Santo Domingo y en Santiago.
El creciente e irritante congestionamiento del tráfico genera costos económicos y medioambientales considerables.
El Distrito Nacional se ha convertido en la zona urbana de la región con mayor densidad de vehículos por cada 1,000 habitantes.
Y la ciudad sigue creciendo hacia arriba.
Lo cierto es que, hoy en día, adquirir un vehículo de transporte constituye una necesidad fundamental.
Y, aunque para muchos esto constituye un reflejo de progreso, en realidad, no lo es.
Como ya he dicho en otras ocasiones, un país realmente desarrollado no es aquel en el que los pobres se mueven en vehículos propios, sino aquel en el que hasta los ricos prefieren utilizar el transporte público.
Recursos que hoy los dominicanos tienen que dedicar a comprar un automóvil, darle mantenimiento y adquirir combustibles, podrían destinarlos a áreas más productivas, si contásemos con un sistema moderno y confortable de transporte público de pasajeros.
Y la solución para este problema requiere, una vez más, que Estado y sector privado aúnen esfuerzos y recursos para dotar a nuestros principales centros urbanos de soluciones efectivas y confortables para el transporte público masivo de pasajeros.
Ya estamos trabajando en soluciones ingeniosas como el teleférico de Santo Domingo, además de la ampliación del metro y otras medidas que permitirán a los ciudadanos viajar con dignidad.
Sin embargo, quiero aprovechar la ocasión para extender una invitación a todos los empresarios del transporte público de pasajeros.
Llegó el momento de sentarnos para acordar el sistema óptimo de transporte público, capaz de ofrecer un servicio eficiente y decente a millones de dominicanos y dominicanas, que a diario necesitan transportarse para ir a su trabajo.
Es previsible que esas respuestas incluyan la creación de nuevas líneas de Metro.
Complementadas con un articulado Sistema de Autobuses de Tránsito Rápido.
Tranvías y nuevas flotas de buses, entre otras posibles soluciones, como existen ya en otras ciudades de Latinoamérica y del mundo.
Este es, además, un mercado muy atractivo para la inversión, por los niveles de retorno que puede generar.
Para que se tenga una idea, sólo en el Gran Santo Domingo la demanda diaria supera los 3 millones de pasajeros, generando un mercado anual de casi 24,000 millones de pesos.
Por eso, los invitamos a participar en este tema y ser parte de la solución.
Lo que perseguimos es que los actuales empresarios del transporte público de pasajeros y aquellos que estén en disposición de participar junto con ellos en este mercado, contribuyan con el Estado en el necesario proceso de humanización, adecentamiento y modernización de un servicio fundamental para todo el pueblo dominicano.
Con este esfuerzo vamos a dar un paso de avance extraordinario para formalizar millones de transacciones diarias que tienen lugar en efectivo, provocando pérdidas incluso para los actuales empresarios del sector.
La reforma generará beneficios para los empresarios del transporte.
Para el sistema financiero.
Para el Estado.
Para el medio ambiente.
Para los usuarios de la infraestructura vial gracias al descongestionamiento que producirá.
Pero sobre todo, para los millones de dominicanos y dominicanas que a diario sufren por la ausencia de un sistema decente y confortable de transporte público de pasajeros.
Amigas y Amigos,
Otra área que quiero que abordemos juntos es el previsible desfinanciamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social en el ámbito de la salud, que tendría lugar si, por presiones entendibles, destruimos la consistencia que debe existir entre la contribución y la cobertura.
Ya tenemos 6.4 millones de afiliados a los dos regímenes de seguro de salud.
Lo que no puede ser cubierto por las contribuciones y el subsidio cruzado dentro del régimen contributivo, termina corriendo por cuenta del Estado.
Todos debemos reconocer la necesidad de que la población pueda contar con una cobertura cada vez más amplia en los diferentes planes de salud.
Pero el sentido común nos dice que sería irresponsable hacerlo sin contar con los recursos que permitan financiar dicha ampliación.
Debemos ponderar, desde ya, el impacto sobre el sistema que tendrá en el largo plazo el creciente envejecimiento de la población dominicana, principalmente la que aporta al régimen contributivo, el cual contrasta con la dinámica de la población acogida al régimen subsidiado que se financia con recursos fiscales.
Todos los sectores, gobierno, empresarios, trabajadores y sociedad organizada, debemos sentarnos para definir las reformas y acciones que nos permitan evitar un desfinanciamiento que terminaría comprometiendo la fiscalidad, en un país donde al Estado no le sobran recursos.
Señoras y señores,
Hay otro tema de crucial importancia para el futuro de la nación que quisiera abordar con ustedes.
La nación ha comenzado a entrar en una etapa en la cual vamos a requerir de un número creciente de empresarios y empresarias que estén en disposición de asumir los riesgos intrínsecos de una economía social de mercado.
No es por casualidad que desde la Presidencia de la República nos hemos empeñado en ir desmantelando muchas de las barreras y trabas que contribuyen a conformar una economía de costos elevados.
Nuestro propósito es avanzar lo más rápidamente posible hacia una economía de costos competitivos.
Logrado eso, los incentivos fiscales dejarán de operar como mecanismos de compensación para la inversión privada en un ambiente de costos elevados, y solo deberán continuar en aquellas áreas estratégicas para el desarrollo y la competitividad nacional.
Muchos de ustedes se preguntarán el porqué de este razonamiento.
La respuesta a esa pregunta la encontramos en la concepción de que en el mediano y largo plazo, el mejor incentivo que puede recibir una empresa es el representado por una demanda creciente para los productos y servicios que ofrece.
En la medida en que debilitemos la capacidad recaudatoria del Estado, erosionamos su capacidad para acelerar la emigración de la población que vive en la pobreza hacia el estrato de clase media.
No hacemos más que retardar el necesario crecimiento de la deseada demanda interna.
No hay mejor incentivo para una empresa que el aumento sostenido del número de consumidores a los cuáles puede ofrecer sus bienes y servicios.
Quizás ahora se comprenderá el porqué de mi preocupación constante con la erradicación de la pobreza y la conformación de una creciente clase media en nuestro país.
Quizás ahora se entenderá el porqué, a pesar del bajo nivel de los ingresos tributarios, firmé y honré el compromiso de invertir el 4% del PIB en Educación.
Quizás ahora se comprenderá el porqué he dedicado tiempo y esfuerzo para que el financiamiento llegue no sólo a las medianas y grandes empresas del país, sino también a los pobres, a las micro y a las pequeñas empresas.
Quizás ahora se entenderá el porqué me he esmerado en promover la creación de empleos.
En mejorar los niveles salariales hasta donde nos permitan las recaudaciones.
Y en seguir atrayendo más inversión extranjera.
Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha perseguido el objetivo final de convertir la República Dominicana en una nación con una poderosa y creciente clase media.
Y lo vamos logrando, solo tenemos que ver, por citar un ejemplo reciente, lo que ocurrió en el comercio local el recién pasado “viernes negro”, que alcanzó un nivel de ventas sin precedentes.
Es mucho lo que nos falta por hacer, pero también es mucho lo que hemos avanzado en los 1,210 días de trabajo desde que asumimos la Presidencia de la República.
En septiembre del año 2012, la clase media representaba el 20% de la población.
En marzo del 2015, el tamaño de la clase media había subido a 29%.
Para acelerar el crecimiento de la clase media necesitamos crear las condiciones para que el 44% de la población que no es pobre, pero que vive en condiciones de vulnerabilidad, pueda mejorar sus ingresos y condiciones de vida y pasar a formar parte de nuestra clase media.
Y la realidad, queridos empresarios y empresarias, es que el Estado por sí sólo no puede lograrlo.
Trabajamos para llevarles certeza y tranquilidad, para que puedan desarrollar sus actividades en las mejores condiciones.
Pero sabemos también que es fundamental contar con un sector privado comprometido con el desarrollo de todos, con la responsabilidad social de sus empresas y con la transparencia y el buen hacer.
Me complace poder decir que es mucho lo que ya hemos logrado juntos.
Tanto, que no faltan voces que nos felicitan en el exterior, ni líderes de países vecinos que quieren conocer mejor cual es nuestro secreto para seguir creciendo y reduciendo la desigualdad.
Sin embargo, no vamos a quedarnos en la autocomplacencia con lo que ya hemos logrado. Todo lo contrario.
Es hora de renovar nuestros esfuerzos.
Este es el momento de actuar con la máxima responsabilidad e inteligencia, con compromiso y más allá de intereses particulares.
Es la oportunidad de mostrar el verdadero amor a nuestra patria, trabajando juntos para reducir sustancialmente la brecha entre ricos y pobres y, hacer posible que millones de dominicanos y dominicanas se inserten definitivamente en la clase media.
Porque solo así, con la incorporación definitiva de las grandes mayorías al tren del progreso lograremos realmente que el desarrollo sea sostenible y se mantenga en el tiempo.
Esta es la ocasión que esperábamos para que nuestro país dé un salto cuantitativo y, sobre todo, cualitativo.
Pero para eso debemos dejar atrás viejos paradigmas y romper con nuestros miedos y recelos.
Debemos atrevernos a pensar con audacia, desde la confianza mutua y el compromiso.
Señoras y señores,
Soy consciente que la debilidad institucional constituye una traba no sólo para las inversiones sino también, para el desarrollo de las naciones.
No puede haber desarrollo integral en un país sin instituciones fuertes.
Tener instituciones fuertes es una condición necesaria para el progreso de las naciones.
Para que el desarrollo llegue a todos, es fundamental fomentar las instituciones inclusivas.
Las que favorecen, bajo un mismo sistema de leyes y reglas, la participación de todos en la distribución de los frutos del crecimiento.
Nuestro gobierno ha realizado un esfuerzo sin precedentes en favor del fortalecimiento institucional y la transparencia.
En el discurso que pronuncié ante la membresía de la Fundación Institucionalidad y Justicia el pasado 23 de noviembre, describí todas y cada una de las acciones que hemos realizado a favor de la institucionalidad.
Este discurso esta disponible en la página Web, PRESIDENCIA.GOB.DO
Son iniciativas que hablan de un gobierno y de una sociedad que están decididas a hacer frente, juntos, a los males que han pervivido en nuestro país durante demasiado tiempo.
Y en este punto, si me lo permiten, quisiera ser muy enfático.
A todos los dominicanos y dominicanas les digo: pueden estar seguros, estamos juntos en esto.
Estamos del mismo lado.
Del lado de la rectitud, de las cosas bien hechas, de la honestidad.
Y desde ese lugar vamos a librar juntos esta buena batalla por la transparencia y el imperio de la ley.
No vamos a esconder la cabeza.
No vamos a mirar para otro lado.
Sabemos que en nuestra sociedad dominicana hay malas prácticas y sabemos también que, como país y como Gobierno, nos corresponde hacerles frente.
Por nuestra parte, vamos a continuar en esta senda: aumentado los mecanismos de control, mejorando procesos, racionalizando los recursos y contando siempre con el pueblo dominicano como aliado en esta lucha fundamental.
Ustedes, estimados empresarios y empresarias, saben bien que nuestro gobierno ha estado siempre del lado de la seguridad jurídica, de la predictividad, de las reglas claras e iguales para todos y del imperio de la ley, sin excepciones, ni privilegios.
Creemos firmemente que el fortalecimiento institucional es el único camino para la verdadera justicia y actuamos siempre en consecuencia.
Y aquí quisiera detenerme un momento.
Sabemos que la justicia en nuestro país enfrenta difíciles retos en este momento.
Como Presidente de la República y firme defensor de nuestra institucionalidad, defiendo y respeto absolutamente la separación de poderes que establece nuestra Constitución y que dota de completa autonomía al poder judicial.
Pueden estar seguros de que el poder ejecutivo, mientras esté bajo mi mandato, no incurrirá jamás en ningún tipo de injerencia sobre otro poder del Estado.
Sin embargo, como ciudadano y defensor de la legalidad, no puedo tampoco permanecer al margen de las preocupaciones que vive nuestro pueblo.
En este sentido, confío en que las instituciones y mecanismos de que nos ha dotado nuestra Constitución, para garantizar el correcto ejercicio de la justicia en nuestro país, cumplan su cometido a cabalidad y en toda circunstancia, dando así cumplida y satisfactoria respuesta a la sociedad dominicana.
Amigos y amigas,
No quiero despedirme de ustedes sin hacer una breve reflexión acerca del modelo de país que estamos construyendo y que debemos profundizar en los próximos años.
Nuestro rumbo siempre ha sido claro.
Todas las medidas económicas, todas las políticas de crecimiento, todos los avances que podamos lograr solo tienen sentido si contribuyen a mejorar la vida de la gente.
Si nos permiten terminar con la pobreza y la exclusión.
Estamos convencidos de que el verdadero desarrollo no es posible sobre los débiles cimientos de la riqueza de unos pocos y la necesidad de muchos.
Como tampoco es posible crecer con firmeza sobre las bases de la ignorancia, de la precariedad y el olvido.
Sin embargo, no basta con preocuparse, este es un asunto en el que debemos, sobre todo, ocuparnos.
Debemos seguir trabajando para hacer realidad una sociedad donde la educación, la salud, el empleo y la seguridad social no sean un lujo, sino un derecho.
Donde siempre haya un plato de comida en la mesa y un hogar para descansar junto a los seres queridos.
Porque solo así acabaremos con el caldo de cultivo de otras prácticas que debilitan nuestra sociedad, como el clientelismo, la explotación de las personas o el abuso de poder.
Es necesario combatir la raíz de los problemas.
Es decir, transformar las condiciones de vida de las grandes mayorías.
Ese ha sido nuestro objetivo día tras día.
Esa es siempre nuestra brújula.
Por eso, en cada acción y cada política pensamos primero en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros enfermos, en las madres que cuidan de sus hijos en solitario, en los ancianos, en los que buscan su primer empleo, en los que perdieron su trabajo y viven desesperanzados.
En definitiva, en todos aquellos que necesitan una mano extendida para montarse al tren del progreso.
Por eso nuestra prioridad es construir hospitales dignos, escuelas modernas, viviendas dignas y carreteras seguras.
Nuestra apuesta es la de construir un país de oportunidades para todos que nos permita mantener el rumbo y acelerar los cambios.
Porque somos mejores y nuestro país es mejor cuando todos y cada uno tienen acceso a un futuro seguro.
Porque somos mejores y nuestro país es mejor cuando trabajamos juntos por el bien de todos.
Porque somos mejores y nuestro país es mejor cuando cada uno hace lo que debe, contribuye con lo que le corresponde y todos jugamos con reglas iguales.
Ese es el país que queremos construir.
Un país compuesto de ciudadanos que caminan con la cabeza alta y una sonrisa en el rostro.
Responsables de su destino y capaces de liderar el futuro del país.
Confiados en que ese futuro está lleno de esperanza y oportunidades.
Los invito a ser protagonistas de este proceso, los invito a caminar y trabajar juntos en esta República Dominicana que avanza segura de sí misma, hacia la realización de todos sus sueños.
Muchas gracias!”
