Ha pasado exactamente un mes desde aquel 14 de agosto, en el que una fatídica explosión removió la ciudad de San Cristóbal y movilizó a todo el país hacia el epicentro del desastre: una de las principales arterias comerciales, donde se había extendido un incendio con decenas de heridos y una cantidad indefinida de fallecidos.
A un mes de lo sucedido, la tragedia fue denominada como “Caso explosión mortal”, en el que se han identificado tres personas como responsables por el fallecimiento de 37 personas (una más falleció el pasado martes, lo que suma 38 las víctimas), 59 las que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios que vieron su vida comercial trastornada, algunas reducidas a cenizas.
A pesar de que algunas preguntas han obtenido respuesta durante este mes, familias aún reclaman por sus seres queridos, desaparecidos desde el día del siniestro o sin identificar por el estado de calcinamiento en que quedó su cuerpo, aún a espera de identificación en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde reposan las osamentas de al menos 19 personas.
Para otros su duelo ha sido diferente, pues tuvieron que ser desplazados de su residencia por los daños ocasionados por el fuego y los escombros y algunos también fueron víctimas de saqueo.
Se ha iniciado la demolición en algunos locales comerciales que se convirtieron en zona cero del desastre y otros han sido reparados en sus puertas, ventanas y cristales, reiniciando su vida comercial, justo donde la dejaron aquella tarde del 14 de agosto.
Para San Cristóbal todo marchaba bien ese lunes hasta las 3:15 de la tarde, cuando el sonido de una explosión y el movimiento brusco causado por el impacto, los hizo despertar las alarmas y movilizarse hacia un lugar en el cual resguardarse.
“Yo solté todo y salí corriendo cuando sonó y me cayeron escombros en la cabeza, que no me partieron porque me puse las manos en la cabeza”, fue el testimonio del señor Eurelio de Jesús Santos, quien se encontraba cerca de la explosión en una veterinaria que resultó totalmente afectada.
Con esto inició un incendio en un local comercial, identificado como “Casa Toledo”, ubicado en la calle Padre Ayala, donde decenas de personas quedaron atrapadas entre las llamas y los escombros que iniciaron a desprenderse de la infraestructura.
El cielo se tornó en una densa nube negra, resultado del incendio y el sonido de las sirenas de los Cuerpos de Bomberos y el murmullo de los curiosos llenaron de ruido el lugar, a medida que se iban integrando a las labores unidades de otros cuerpos de bomberos, como el de Haina, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, según reportes, al menos 10 unidades de bomberos se presentaron en el lugar.
Decenas de personas fueron trasladadas a distintos centros médicos cercanos, siendo uno de estos el hospital regional Juan Pablo Pina, donde las personas iban en busca de información de sus familiares.
Se sumaron más unidades de rescate a las labores como la Cruz Roja, la Defensa Civil y la Policía Nacional, acordonando el área para limitar el acceso al punto del desastre e incrementando los esfuerzos para sacar con vida a las personas heridas que quedaron atrapadas en las infraestructuras.
Al lugar llegaron cuatro camiones cisternas del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), autoridades locales y el ministro de la Presidencia, Joel Santos, con instrucciones desde el Palacio de socorrer la situación.
“El presidente me envió para hacer una presencia y para resolver lo más posible que se presentara”, fueron sus palabras.
Cuando el reloj marcó las 6:00 de la tarde, el sonido de las alarmas volvió a provocar pánico en los presentes, esta vez porque se mantenía activo el fuego y con esto el peligro de un posible colapso de la infraestructura.
A las 8:00 de la noche de ese día llegó el primer informe oficial del Servicio Nacional de Salud, tres personas muertas y 33 heridas con quemaduras hasta en un 40% de su cuerpo, por lo que al menos siete de estos fueron movilizados a la Unidad de Quemados Pearl Fort, que funciona en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, de Santo Domingo.
Esa misma noche, Joel Santos informó que se investigaría la empresa donde se produjo la explosión, a fin de identificar si la misma estaba funcionando bajo las órdenes reguladoras correspondientes. Esa noche no se pudo sofocar el incendio.
El día siguiente de la explosión
El martes 15 a las 8:00 de la mañana, la cifra de fallecidos se colocaba en 11 personas, 11 desaparecidos, mientras que unas 52 personas tenían lesiones en su cuerpo.
Ese mismo día el primer mandatario, Luis Abinader, se trasladó hacia la zona del desastre, informando que no se escatimaría recursos para ayudar a las víctimas y sus familiares, así como la instalación de dos hospitales móviles de intervención y tratamiento psicológico.
El presidente Luis Abinader participó ayer en una misa y luego encabezó una reunión para coordinar la labor de respuesta al desastre del lunes en San Cristóbal.
Abinader canceló su discurso con motivo al Día de la Restauración el 16 de agosto que tenía pautado desde Cabo Rojo, Pedernales, para asistir en cambio a una misa en San Cristóbal en memoria a las víctimas.
Mientras autoridades inspeccionaron el lugar, intentando sofocar las llamas aún activas, otros se aproximaban a curiosear, familias se sumían en la angustia y la preocupación a las afueras de los hospitales en busca de saber las condiciones de sus seres queridos o buscando respuesta de dónde se podían encontrar.
Esa noche se emitió el segundo boletín, en el que aumentaron a 59 los heridos y la cantidad de desaparecidos se redujo a 10 y hasta ese momento se habían identificado nueve edificaciones afectadas y cuatro destruidas.
Las causas de la explosión se mantenían siendo una incógnita.
A pesar de que 11 eran los fallecidos, se habían encontrado varias osamentas, las cuales no se habían especificado si pertenecían a 11 o menos personas, por el estado en el que fueron halladas.
Luego de varias horas de labor sofocando el fuego, a las 7:00 de la noche, cuatro focos de incendio despertaron las alarmas de las autoridades, logrando apagarlo cuando el reloj marcó las 10:00 de la noche.
16 de agosto
Los trabajos de acción se activaron el miércoles, luego de la misa en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación, en San Cristóbal, con una mesa de trabajo encabezada por Abinader donde se acordó destinar un fondo de calamidades y se ayudarían a los pequeños comercios que resultaron afectados.
Esa tarde se informó la cifra de personas muertas había aumentado a 27, los heridos se mantenían en 59 y los desaparecidos se suprimieron en vista del aumento de personas fallecidas, aunque el clamor de los allegados y familiares de personas que no habían podido ser contactadas, era la de continuar la búsqueda.
El jueves 17 se dio a conocer que el lugar de la explosión albergaría un parqueo municipal, al que se le daría el primer picazo un día después de la explosión y tendría un costo de RD$700 millones de pesos.
Este jueves también fue declarado Día de Duelo Nacional mediante el decreto 367-23, emitido el 15 de agosto, informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero.
En horas de la tarde miembros de cuerpos de inteligencia del Ministerio de Defensa y otras autoridades castrenses protagonizaban la escena, puesto se encontraban en labores periciales, con el único propósito de saber qué había causado el siniestro que categorizaban de “seguridad nacional”. Ese día tampoco se supo el motivo de la explosión.
Esa noche, los fallecidos aumentaron a 28 con la muerte de un caballero ingresado en el Juan Pablo Pina, desde el día de la explosión, que presentaba heridas en un 98% de su cuerpo.
Ayudas
Las muestras de solidaridad y ayuda se comenzaron a hacer sentir a partir de ese día con el Banco Popular, entidad que realizó un aporte por RD$30 millones para la asistencia de las personas afectadas.
La Cámara de Diputados también anunció un aporte en conjunto de los diputados que ascendía a dos millones de pesos, desglosado en un aporte de RD$ 10,000 del salario de cada legislador. Como órgano gubernamental y para asistencia económica, también se destinó el monto de RD110,000, con la misma finalidad.
Los comunitarios, religiosos y fundaciones también dijeron presente con la donación de insumos, agua, jugo, energizantes, alimentos crudos y cocinados, tanto en la zona cero de la explosión como en las afueras del hospital.
Comienzan reparaciones y remoción de escombros
En el quinto día del siniestro, autoridades iniciaron trabajos de remozamiento y reconstrucción de las viviendas y comercios afectados, con la remoción de zinc y tomando las medidas para reinstalar los cristales de los comercios afectados.
La zona cero era sobrevolada con drones por personal del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), oficiales del departamento de inteligencia del Ministerio de Defensa “J-2” continuaban realizando las labores periciales y análisis de elementos. A estos se sumaron agentes de la sección de videos del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat) y la Dirección Central de Investigación (Dicrim).
