Santo Domingo, 31 jul.- Un juez envió hoy a prisión a siete de once imputados, entre ellos exfuncionarios y empresarios, por su supuesta participación en la venta irregular de terrenos propiedad del Estado.
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión preventiva en contra del exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar, y del exgerente inmobiliario de esa institución, Manuel Aybar Ferrando.
Vargas dictó medida similar para los imputados Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de la entidad comercial Infepa, y contra José Enrique de Pool Dominici, principal accionista de Titulatec.
Asimismo, contra Juana Ynés Gómez Williams, principal accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias GOWI.
Sin embargo, a la directora nacional de Registro de Títulos, Rosabel Castillo, al exconsultor jurídico de Corde Irving José Cruz Crespo y a los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, también imputados, el juez les impuso una fianza de 500.000 pesos (unos 10.000 dólares) e impedimento de salida del país.
El grupo está acusado de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores.
De acuerdo con la acusación, los imputados formaron parte de un entramado para apoderarse de terrenos del Estado ubicados en el sector Los Tres Brazos, del municipio Santo Domingo Este, donde están asentadas miles de familias desde hace decenas de años.
Concretamente, según el expediente, la empresa Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), compró tres parcelas a Corde, y luego los vendió a la firma Titulatec, que inició un proceso para cobrar los terrenos a cada una de las familias del barrio Los Tres Brazos.
A finales de 2016 el presidente dominicano, Danilo Medina, dispuso la “suspensión inmediata” de toda operación de venta o reventa de los inmuebles ubicados en el sector de Los Tres Brazos, así como cualquier tipo de acción de desalojo contra los ocupantes de esa barriada.
Asimismo, Medina designó una comisión para indagar lo relativo a dicha venta, que fue “precaria e irregular”, según concluyó la comisión, que encabezó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.
Posteriormente, el 12 de febrero del año pasado, Medina ordenó la suspensión de las operaciones de Corde y de la Comisión de Reforma a la Empresa Privada (CREP), y dispuso la disolución de ambas entidades, al tiempo que derogó el decreto que designó a Leoncio Almánzar como director general de Corde.
