Por: Rubén Moreta
En la República Dominicana hay un proceso ascendente de consolidación de organizaciones mafiosas -locales y extranjeras- dedicadas al narcotráfico. Esos colectivos del crimen actúan con una marcada libertad e impunidad.
Se produjo una mutación importante de muchachos de barrios marginados, que se dedicaban al narcomenudeo, a participar y/o dirigir organizaciones muy bien estructuradas, con ramificaciones y soportes en el mundo empresarial, artístico, político, la policía y las fuerzas armadas.
El narcotráfico ha encontrado en las agencias represivas del Estado, llamadas a combatirlo, el mejor aliado para sus operaciones.
Los casos de mayor divulgación mediática -Caso Quirino, Caso Paya, Caso Rolando Florián Félix, Caso Figueroa Agosto, caso César el Abusador, -entre muchos otros- evidenciaron la participación y/o complicidad de miembros de los estamentos militares y policiales como brazos operativos y de logística de esos entramados mafiosos.
A mediados de la década de los ochenta los Estados Unidos detectaron cuan involucrados estaban elementos de la policía en asuntos de drogas en República Dominicana, por lo que impulsaron la creación, a través de la ley 50-88, de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), reclutando elementos de todas las fuerzas armadas y sometiéndolo a rigurosas depuraciones y entrenamientos, y le confirieron a la novel institución una gerencia con independencia funcional, al margen de las estructuras militar y policial vigentes.
Pero la misma DNCD también ha sido permeada, y ello queda evidenciado en que cuatro Jefes de Operaciones de la agencia antidroga, que es el segundo cargo de mayor jerarquía en la institución, han sido extraditados a los Estados Unidos con expedientes que lo vinculan al tráfico de sustancias que ellos deben combatir su trasiego.
Hoy es pronunciado –más bien alarmante- el porcentaje de miembros activos de los institutos armados del país implicados en actividades del bajo mundo.
En 2015 se produjo un gran escándalo, por un “tumbe” de mil doscientos kilos de cocaína perpetrado en septiembre y develado en diciembre de ese año por fuentes de la Embajada Norteamericana al periódico El Nacional, cuya autoría se le atribuye a la elite de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) de la Policía Nacional, en complicidad con dos fiscales ayudantes.
Lo tosco e inverosímil del proceder de esta agencia antidrogas paralela, demuestra que la lucha contra el tráfico de drogas en el país es otra ficción, un embeleco, un grosero embuste.
Hasta risa da lo que ocurrió esa vez: efectivos de la Dirección Central Antinarcóticos (Dican) hizo un allanamiento de morada, incautó un cargamento gordo de droga, no lo reporta en la cadena de custodia de pruebas, envuelven en la operación mafiosa a los representantes del ministerio público; guardan la droga, luego la venden y finalmente se reparten el dinero, estimado en más de ciento siete millones. Un teatro, una película de mafiosos.
Pero recordemos que hay muchos precedentes de participación de uniformados en el ilícito tráfico de drogas a gran escala: la Base Naval de la Armada Dominicana de Las Calderas en Baní fue un bunker de un cartel de narcotraficantes; en la sede de la Tercera Brigada del Ejército Nacional en San Juan de la Maguana, Quirino Castillo era tratado como un semidiós y operaba, con autorización de la Fuerza Aérea, un aeropuerto doméstico en la fronteriza provincia Elías Piña, y el finado Florián Feliz en los cuarteles sureños era un Rey Midas.
Es tal la problemática de la participación policiaco-militar en el narcotráfico, que la ex fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, llegó a afirmar que “en el 90% de los casos de crimen organizado registrados en el país hay militares y policías involucrados”.
Y agregó que “La mayoría de los casos de sicariato y narcotráfico a gran escala hay militares y policías involucrados”.
Este país, por su estratégica ubicación geográfica, sigue siendo un puente importante para el acarreo de sustancias enervantes hacia los Estados Unidos, que es el líder continental y mundial en consumo.
Desde Sudamérica la droga es traída directamente a la República Dominicana –por aire y mar- o por tierra a través de la frontera con Haití. Aviones privados y confortables yates se encargan del traslado hacia el destino final, Puerto Rico, Estados Unidos o Europa.
Hoy se habla de la presencia en nuestro país de ramificaciones de los más poderosos carteles mexicanos, coordinando el sistema de transporte de los alucinógenos.
Asimismo, funcionan sin borrascas el Cartel del Cibao, con sede en Santiago; Cartel del Este, con sede en un majestuoso oasis turístico de La Romana y Cartel del Sur, con sede en San Cristóbal, y algunos especulan la existencia del Cartel de San Juan.
El autor es profesor UASD.
