SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) dispuso los límites de participación de funcionarios públicos que administran recursos económicos del Estado  en el periodo de precampaña y campaña para las elecciones del 2024.

El organismo informó que la medida no solo busca poner un alto a los candidatos, sino también a personas que por su condición jerárquica o por la naturaleza de su cargo en las instituciones públicas puedan incidir en la campaña.

“Durante el período de la precampaña, los funcionarios público que administran recursos económicos del Estado deberán obtenerse de utilizar los mismos para provecho político propio o en beneficio de terceras personas con igual propósito político o de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, pudiendo ser denunciados ante las autoridades del Ministerio Público y, en caso de comprobarse su responsabilidad, ser susceptibles de una condena de uno (1) a tres (3) años de reclusión”, indica el documento.

FINANCIAMIENTO ILICITO

La resolución 38-2023 prohíbe recibir financiamiento ilícito durante el referido período y advierte que este acto será penado.

“Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que durante el período de la precampaña reciban este tipo de financiamiento por parte de funcionarios públicos, sin perjuicio de que terceras personas que participen de dicha operación y que no son funcionarios públicos, también pueden ser sancionados por las vías que establece la ley”, indica.

Señala que deberán pagar una multa del doble de la contribución ilícitamente aceptada, lo cual será canalizado a través de la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las sanciones de infracciones administrativas de la Junta Central Electoral.

PROPAGANDA POLÍTICA EN INSTITUCIONES DEL ESTADO

Según el documento, los actos públicos de entidades estatales no podrán servir de escenario para la promoción de cualquiera de los candidatos postulados por los partidos, agrupaciones o movimientos.

“Los funcionarios públicos deberán abstenerse de utilizar bajo cualquier circunstancia, las instalaciones de las instituciones públicas del Estado que se encuentran a su cargo para la realización de propaganda y/o promoción de aspiraciones a lo interno de las organizaciones políticas”, indica.

LICENCIAS SIN DISFRUTE DE SALARIO

En cuanto a las licencias de los funcionarios cuyas candidaturas les sean aceptadas, la JCE recuerda que la  Orgánica del Régimen Electoral establece que los que pertenecen a organismos autónomos y de los ayuntamientos quedarán suspendidos en sus funciones, sin disfrute de sueldo, hasta el día siguiente de las elecciones.

“Esto exceptúa los casos previstos en los párrafos III y IV de dicha ley, cuyos funcionarios no podrán prevalerse de su condición en actos públicos o ante los medios de comunicación ni podrán, en las actividades propias de sus funciones, realizar manifestaciones o actividades de carácter proselitista.

SANTO DOMINGO.- Un video divulgado este sábado captó a un numeroso grupo de haitianos entrando ilegalmente a territorio dominicano a través de Loma del Toro, en la Sierra de Bahoruco.

El grupo se dirigiría hacia la zona de Polo, en Barahona.

En el video difundido por Diario Libre se ve a una persona con uniforme militar y se escucha a una persona decir en español «400 haitianos comandante y faltan más».

Yolanda León, de Grupo Jaragua, se refirió al tema, asegurando que los grupos de migrantes atravesando el Parque Sierra de Bahoruco no son nada nuevo, pero advirtió que es inusual ver una cantidad tan grande entrando al mismo tiempo.

«Los hemos encontrado antes. Tristemente, son a menudo presa de atracadores dominicanos ligados al Ministerio de Medio Ambiente y a los encargados de cuidar antenas de las dos grandes telefónicas en Loma del Toro. El propio Ministerio ha reconocido que es un grave problema que deben solucionar», dijo León.

Criticó la actitud despreocupada de este grupo de migrantes atravesando ilegalmente la frontera, ya que «estos movimientos solían ocurrir en horas de la noche».

«Lo que es inusual es el tamaño de este grupo y su actitud despreocupada. Fuentes fiables nos dicen que, por la fecha, y cantidad de personas, y perfiles (hombres jóvenes), parece que se dirigen a la zafra de caña, posiblemente en los bateyes de Barahona. Su actitud y el hecho de que andan de día (sólo habíamos visto a estos grupos caminar de noche), sugiere también que andan protegidos de cierta forma», afirmó León.

Lamentó «la doble moral de hablar de muros mientras estos movimientos se dan con complicidad de empresarios y autoridades a varios niveles y localidades».

El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, inició la tarde de este sábado un recorrido en apoyo a los candidatos municipales que esa organización política presentará en los comicios de febrero del próximo año.

La agenda de Fernández inició en Rincón, provincia La Vega, pasando a Jima, hasta llegar a la provincia Sánchez Ramírez, específicamente en Fantino, donde le esperó el actual alcalde, perteneciente a las filas del PLD, candidato actual de la Alianza Rescate RD, Gabino Antonio Padilla Balbuena (Gaby Padilla).

Más adelante también esperó a Fernández la actual alcaldesa del municipio de Cotuí, Yosi Contreras, de la Fuerza del Pueblo, quien aspira a repetir en la posición.

Durante esta tarde el también presidente de la Fuerza del Pueblo, fue recibido en la residencia de José Javier, candidato a la alcaldía por el municipio de Pimentel.

Mientras que, en el municipio de Las Guaranas, fue esperado por una multitud que acompañaba al vicesecretario de la Juventud de FP, Lenin Campos, quien aspira a la Alcaldía de esta localidad.

SANTO DOMINGO. – El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) la “injerencia” del gobierno central en las elecciones de este  gremio.

Sostuvo que el Ejecutivo intentó influir en los resultados, recurriendo al chantaje a los profesionales del Derecho que son empleados públicos, obligándolos a votar por un determinado candidato, bajo pena de ser cancelados de sus puestos.

Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, indicó que las maniobras del Gobierno por favorecer a su candidato incluyeron la utilización de militares y policías abogados, a quienes se les ordenó votar por la plancha número 7.

LAMENTA ACCIONAR DE LA POLICÍA

Surun, quien es candidato a un cargo electivo de Santo Domingo Este por el partido del Fuerza del Pueblo, alegó que la Policía Nacional se convirtió en “un instrumento cómplice de abuso, al permitir el secuestro de los miembros de dicha Comisión por más de cinco horas”.

El gremialista indicó que la Policía no sólo sirvió de soporte a las turbas que dañaron y agredieron los vehículos y a los miembros de la Comisión Electoral, sino que de manera ilegal mantiene secuestrado el edificio de la Escuela Nacional del Abogado.

Comentó que en ese edificio funciona la Comisión y se resguardan los materiales utilizados en el proceso.

Lo anterior, dijo,  «nos da una señal del nivel de abuso que hubo, máxime cuando tomamos en cuenta la denuncia al respecto del notario Manuel Emilio Méndez, quién notarizó el contrato de alianza entre Diego José García y Trajano Vidal Potentini…”.

Según trascendió, dicho notario habría sido extorsionado para que negara su propia firma, sostuvo.

PIDE SE INVESTIGUE DENUNCIA

El profesional del Derecho pidió que se investigue la denuncia de que, a favor del candidato oficialista, que encabezó la plancha 7, fueron invertidos más de 300 millones de pesos, usados para comprar dirigentes de la oposición.

Aseguró que lo anterior fue confirmado por el dirigente peledeísta Diego José García.