Santo Domingo, 25 jun.- Miembros de la Comisión Especial que estudia la reforma al Código Penal dominicano aseguraron hoy que trabajan para entregar una ley actualizada, acorde con los nuevos delitos y desafíos del sistema de justicia.

Los legisladores reconocen que el texto es obsoleto ante al pico de «modernas» modalidades delictivas como el crimen cibernético, y coinciden en señalar que es esencial reforzar el régimen de consecuencias.

Sin embargo, muchos dominicanos se preguntan si en este proceso de actualización se incluirán las tres causales que justifiquen el aborto en el país y dejarán de considerar el homicidio involuntario como un delito menor.

El lunes pasado el presidente dominicano, Luis Abinader, insistió en la importancia de contar con una normativa ajustada a estos tiempos.

El propio mandatario envió al Congreso hace ya algún tiempo algunas modificaciones y la Procuraduría también solicitó endurecer las penas de delitos graves como feminicidio, homicidio involuntario, corrupción administrativa y otros.

La comisión que estudia el proyecto de ley del Código Penal, que data de 1884, ya analizó unos 200 artículos de los más de 400 que posee la propuesta y según declaraciones a la prensa dejarán para el final los temas más complejos.

Durante más de dos décadas, distintos proyectos quedaron estancados en el Congreso debido a disputas políticas y diferencias ideológicas, entre estos la interrupción del embarazo que divide a los legisladores y a la sociedad dominicana.

En las últimas semanas crece el clamor porque se ponga punto final a la reforma, ya que el primer periodo hábil de legislación termina el próximo 26 de julio y nuevamente hay el riesgo de que el documento quede engavetado.

Además, la población pide justicia tras la tragedia nacional ocurrida el 8 de abril pasado en una discoteca dominicana, que dejó 235 muertos, y la posibilidad de que sus sueños reciban penas por homicidio involuntario, considerado aquí un delito menor.

San Juan, 25 jun.- Las autoridades federales interceptaron una embarcación con 524 kilogramos de cocaína y arrestaron a bordo a tres nacionales de la República Dominicana cerca de la costa suroeste de Puerto Rico, informó este miércoles Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

Una aeronave de Operaciones Aéreas y Marítimas del Caribe detectó en la noche del martes una embarcación tipo yola de 30 pies (9 metros) con dos motores fuera de borda navegando hacia el norte, a unas 22 millas (40 kilómetros) al sur de Cabo Rojo.

Según el comunicado de CBP, se desplegó un buque interceptor costero, con el apoyo de un helicóptero UH-60 Black Hawk, que lograron detener la embarcación.

En el interior de la misma, los agentes encontraron a tres ciudadanos de la República Dominicana sin la documentación adecuada para entrar o permanecer legalmente en Estados Unidos.

Además, llevaban a bordo 22 fardos de contrabando y un rifle tipo AR-15.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) asumió la custodia de los tres extranjeros y el rifle, mientras que la Administración para el Control de Drogas (DEA) hizo lo propio con los narcóticos.

Puerto Rico es, debido a su ubicación estratégica, un punto de transbordo para el contrabando de drogas ilegales a EE.UU. procedentes de América Central y del Sur y otros países caribeños.

Este miércoles, la Policía de Puerto Rico encontró un cargamento de 47 kilogramos de cocaína, valorado en 516.000 dólares, en el interior de una embarcación en la rampa de la Playa Villa Pesquera de Isabela (noroeste).

Hace dos días, agentes de CBP incautaron 230 kilos de cocaína, valorados en 4,2 millones de dólares, en una embarcación al suroeste de la playa Black Eagle en el municipio de Rincón, en el oeste de la isla.

SANTO DOMINGO.- Las autoridades desmantelaron una supuesta red que captaba mujeres en Colombia y las prostituían en República Dominicana.

En la operación denominada por el Ministerio Público como «Begonias» fueron apresadas ocho personas de nacionalidad dominicana y colombiana que captaban a las mujeres en este último país y les ofertaban trabajo como bartender o camareras de hoteles de la República Dominicana.

Después de traerlas retenían sus documentos y las amenazaban con hacerle daño a sus familiares en Colombia, al tiempo de presionarlas por una supuesta deuda de 3,500 a 4,000 dólares que le hacían pagar si querían aceptar la promesa de que podrían liberarlas.

PRESENTAN CARGOS CRIMINALES

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra los ocho imputados.

Las autoridades explicaron en un comunicado que la operación, iniciada este sábado, se ejecuta junto con la Fiscalía de Santo Domingo Este y cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional.

También participaron fiscales de la fuerza de Tarea de la Dirección General de Persecución, así como miembros del Departamento de Investigaciones de la PETT y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

10 FISCALES Y 85 POLICIAS

Un equipo de 10 fiscales, más de 85 agentes de la Policía Nacional y varios técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas se movilizaron desde tempranas horas del sábado.

Durante la operación, los equipos de fiscales ocuparon dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones y diferentes drogas narcóticas.

De igual forma, se incautaron los inmuebles que eran utilizados como espacios de operación de la red, incluyendo una edificación de varios niveles, aseguró la información.

La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, resaltó la importancia de la nueva operación contra las redes de trata de personas.