Por. Ruben Moreta, Periodista y Profesor UASD
La Republica Dominicana vive en el marco de una hegemonía religiosa.El país parece estar anclado en laEdad media Europea por el poder del catolicismo cristiano, permeando todo el cuerpo institucional, normativo, políticoy administrativo del Estado.
El liderazgo católico actúa como poder factico, imponiendo las principales políticas públicas, sin que esto se cuestione. Las reformas sociales y políticas aplicadas a partir de los años noventa no han tocado los privilegios de que disfruta el catolicismo.
El anacrónico concordato, establecido a partirdel 16 de junio del 1954, da poderes y supremacía a la institución católica, en un abierto desafío a la constitución política de la Republica, que establece equidad, libertad religiosa e igualdad de todos los individuos. Este tratado establece en su artículo siete la encomienda del Estado para subvencionar económicamente el personal pastoral católico, junto a la construcción de todos los edificios católicos, lo cual constituye una concesión vesicante.
Asimismo, en el artículo veinticuatro, inciso uno del Concordato se retrata una desigualdad y un privilegio irritante, porque establece una exoneración impositiva en favor de la iglesia católica, indicando que “los edificios sagrados, los Seminarios y otros edificios destinados a la formación del clero, los edificios de propiedad de la Iglesia empleados en fines de utilidad pública, las residencias de los Obispos y de los ministros del culto, cuando sean propiedad de la Iglesia, estarán exentos de cualquier impuesto o contribución”.
Y agrega en este sentido también que: “Queda expresamente convenido que los bienes, cuya propiedad adquiera la Iglesia por donación entre vivos o por disposición testamentaria, estarán exentos de los impuestos de donación o de sucesión, siempre que los bienes recibidos en esa forma, se destinen a un fin propio del culto o de utilidad pública por voluntad del donante o del testante o por ulterior disposición de la Autoridad eclesiástica competente.
Los dogmas religiosos inundan la educación nacional. La iglesia católica gestiona un abanico de centros educativos, con el patrocinio estatal. Este privilegio está amparado en el artículo veintiuno, inciso uno del Concordato, cuyo texto indica: “El Estado Dominicano garantiza a la Iglesia Católica la plena libertad de establecer y mantener, bajo la dependencia de la Autoridad eclesiástica, escuelas de cualquier orden y grado. En consideración de la utilidad social que de ellas deriva a la Nación, el Estado las amparará y procurará ayudarlas también mediante congruas subvenciones”.
Las diócesis católicas administran más de trescientas escuelas, colegios y liceos, generalmente construidos con fondos públicos. El clero católico también dirige cinco universidades, tres en el Cibao (La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Santiago), la Católica Nordestana (San Francisco de Macorís) y la Católica Tecnológica del Cibao (UTECI) con sede en La Vega.
En la región sur, son dueños de La Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA) y en la región este, de la Universidad Católica del Este (UCADE), con sede en Higuey. Esas instituciones de educación superior tienen una red de extensiones en más de diez provincias, por lo que una parte del nuevo liderazgo profesional de la República Dominicana está influenciado por las ideas y todo el paradigma religioso, lo cual explica parte del carácter conservador del pueblo dominicano.
Hay una orientación filosófica-dogmática en la escuela dominicana por parte del catolicismo. El artículo veintidós, inciso primero del Concordato establece que “La enseñanza suministrada por el Estado en las escuelas públicas estará orientada por los principios de la doctrina y de la moral católicas”. El inciso dos del mismo artículo manda a que “En todas las escuelas públicas primarias y secundarias se dará enseñanza de la religión y moral católicas.
El Concordato da poderes a los sacerdotes católicos para incursionar en los centros educativos a vigilar la enseñanza dogmática, tras contemplar que “el párroco, por sí o por su delegado, tendrá acceso a las escuelas primarias para dar lecciones catequísticas periódicas”. Y el inciso cinco del artículo veintidós agrega que: “Los Ordinarios de los lugares podrán cerciorarse, por sí mismos o por sus delegados, mediante visitas a las escuelas, del modo como se da la enseñanza de la religión y moral”.
Las iglesias protestantes, llamadas popularmente evangélicas, también poseen más de un centenar de escuelas y colegios de los niveles básico y secundario, y dos universidades, pero tienen menor influencia política.
En la República Dominicana es ostensible la influencia política y social del clero católico. Ninguna decisión importante se toma sin el consentimiento de los dignatarios eclesiales.
Los “liberales” del PRD que tomaron el poder a partir del 1978 fracasaron en construir un modelo de país genuinamente liberal, que abdicara de la tutela dogmática religiosa. Pero los “liberales” del PLD en el poder a partir del 1996 han sido más genuflexos y entreguistas frente al clero católico,
ensanchándole su poder y participación en la dirección de la sociedad, especialmente en el área educativa, en una traición a la memoria del insigne Eugenio María de Hostos, reivindicado hasta el éxtasis por el fundador del PLD Juan Bosch.
