La propuesta del Gobierno de fusionar y eliminar diversas entidades públicas ha generado opiniones encontradas, poniendo en el centro del debate la eficiencia del gasto público y las implicaciones para los empleados afectados. Los recursos asignados en el presupuesto de este 2024 a las ocho entidades que proponen para ser eliminadas superan los 300 millones de pesos.

Aunque el plan específico no ha sido detallado en su totalidad, las autoridades proyectan un ahorro de aproximadamente 25,000 millones de pesos, con 20,000 millones provenientes de la fusión del Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), que actualmente manejan 296,960.5 millones de pesos y 20,944.8 millones, respectivamente.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, explicó que esta fusión permitirá que la educación superior se beneficie del 4 % del producto interno bruto (PIB) destinado a la educación, unos recursos que han sido exclusivos del nivel preuniversitario.

"La idea es poder utilizar el 4 % para la educación superior también. La ley establece que ese porcentaje es para la educación en general, pero muchos profesores universitarios no se han beneficiado de estos fondos. Desde 2012, solo en 2021 se ejecutó completamente ese monto, durante la pandemia y la educación a distancia. Por eso, el gobierno busca optimizar esos recursos", dijo.

Otro cambio significativo será la absorción del Instituto Agrario Dominicano (IAD) por parte del Ministerio de Agricultura, lo que permitiría un ahorro superior a los 2,000 millones de pesos. Su presupuesto representa un 0.09 % de los recursos asignados a Agricultura, los cuales ascienden a RD$26,620.8 millones.

Sobre la integración de los Ministerios de Economía y Hacienda, cuyos recursos ascienden a   25,007 millones y 3,706.7 millones de pesos, respectivamente, dijo que se necesita una ley, la cual está trabajada desde hace meses. Agregó  que las propuestas están avanzadas en un 85 %, y que en las próximas semanas serán presentadas en el Congreso, donde se analizarán otras leyes que habrá que modificar para lograr la fusión y eliminación de otras entidades, como el caso educativo y la Caja de Ahorros de Monte Piedad, la cual fue incluida para ser anulada.

Sobre educación

La unificación del Mescyt y el Minerd ha sido uno de los puntos más controvertidos. El ministro de Educación, Ángel Hernández, defendió la medida argumentando que en la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe el sector educativo es gestionado por un solo organismo, lo que permite una visión más integral del sistema. "Es obvio que algunos sectores se opondrán, pero la experiencia internacional avala esta decisión", dijo.

Sin embargo, la Asociación de Profesores (ADP) ha rechazado la fusión. Su presidente, Eduardo Hidalgo, señaló que no está basada en un estudio que demuestre su viabilidad en el contexto local. "La incapacidad del Ministerio de Educación para responder de manera efectiva a las necesidades del nivel preuniversitario solo empeoraría las deficiencias actuales", expresó.

Los empleos públicos

Uno de los temas que más preocupa es el futuro de los empleados públicos de las entidades que serán fusionadas o eliminadas. Freund indicó que aún no se ha determinado cuántos trabajadores serán reubicados, pensionados o desvinculados, ya que el proceso operativo comenzará una vez se emitan los decretos correspondientes. Para ello, se realizará un proceso de evaluación por entidad.

La Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva de la Policía Nacional realizó, en su salón de crisis, realizó una inducción-taller sobre “Calidad de la Atención al Ciudadano“, dirigido a 250 auxiliares del Departamento de Recepción de Denuncias.

Estos profesionales son parte fundamental del equipo encargado de recibir denuncias en los 159 centros distribuidos a nivel nacional, cuando un ciudadano reporta la ocurrencia de un hecho delictivo.

La actividad fue encabezada por la teniente coronel Marilenia Ureña, encargada del Departamento de Recepción de Denuncias, quien abordó diversos temas clave para el desarrollo de habilidades blandas entre el personal, como la empatía, la comunicación eficaz y la resolución de conflictos.

Además, se brindó formación sobre los procedimientos y mejores prácticas en la recepción y gestión de denuncias, con el fin de garantizar un servicio de calidad en cada interacción con la ciudadanía.

La capacitación tiene como objetivo principal asegurar que el personal encargado de recibir las denuncias esté altamente capacitado para manejar cada caso con profesionalidad, empatía y eficiencia.

Este paso es crucial para mejorar continuamente los servicios ofrecidos por la Policía Nacional, y para garantizar que todas las denuncias sean gestionadas con la seriedad y eficacia que merecen.

Con esta inducción, la Policía Nacional refuerza su compromiso con la mejora continua en la calidad del servicio al ciudadano y la optimización de los procesos de recepción de denuncias, contribuyendo a fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones.