La Policía Nacional informó que apresó a uno de dos profesores acusados de abuso sexual contra una estudiante de 13 años en la escuela La Siria, en el municipio de Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís, luego de que se presentara de manera voluntaria ante la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

Se trata de Fernando Peña Eusebio, de 31 años, quien se desempeña como docente en el área de inglés, en dicho centro educativo, fue entregado por sus familiares y representantes legales.

Al acusado le fue ejecutada la orden de arresto No. 2024-AJ0031530, en violación al artículo 396 de la Ley 136-03, por supuesto abuso sexual en perjuicio de la menor.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, continúa profundizando las investigaciones de lugar referente a este caso.

Asimismo, indicó que "activó" la búsqueda y captura de Alejandro Roberto Bello Matos, por estar vinculado junto al detenido a este hecho, el cual es perseguido mediante orden de arresto y a quien se le exhortó que se entregue por la vía que considere pertinente.

Según las acusaciones, los docentes presuntamente obligaban a la estudiante a tener encuentros sexuales en los baños de la escuela.

Medidas del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación informó este jueves que fue suspendida la directora, la orientadora, el coordinador administrativo y los docentes involucrados en un caso de supuesta violación sexual.

La medida se tomó "luego de comprobar que se violentaron todos los procedimientos establecidos en el Código de Ética, que regula las relaciones entre el personal docente y administrativo y los estudiantes", dijo el Minerd en una nota de prensa.

Además, la escuela La Siria fue cerrada temporalmente hasta que las investigaciones avancen. Los demás estudiantes están recibiendo docencia de manera virtual.

La Policía Nacional informa sobre el arresto de ocho personas en las últimas 24 horas, contra quienes pesaban órdenes de arresto por su presunta vinculación con diversos hechos delictivos ocurridos en diferentes provincias del territorio nacional.

Estas detenciones son el resultado de un arduo trabajo de investigación y operativos preventivos desplegados para garantizar la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público.

Entre los casos destacados se encuentra el arresto, en San Francisco de Macorís, de José Contreras Paulino (alias Guillermo), mediante la orden judicial No. 000102-2019, acusado de violar el artículo 309 del Código Penal Dominicano, que tipifica los delitos de golpes y heridas, en perjuicio de su pareja sentimental.

Asimismo, en Barahona, fue detenido Víctor Manuel Andújar, mediante la orden judicial No. 2024-AJ0029439, por estar acusado de violar el artículo 309 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de un ciudadano.

En San Cristóbal, durante un allanamiento autorizado por la orden judicial No. 2024-AJ0031792, realizado en una residencia del sector Palmerita, fue arrestado José Alejandro López Pérez. En el lugar se incautaron dos armas blancas, dos motocicletas y una escopeta marca Moberg, calibre 12 mm, con número de serie H80962, careciendo de documentos que acreditaran su legalidad.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional reitera su llamado a la ciudadanía para que continúe colaborando mediante denuncias de cualquier actividad sospechosa.

Era el 1966 y la República Dominicana la gobernaba Joaquín Balaguer, enfrentando desafíos sociales, económicos y remanentes de la dictadura trujillista. El 9 de noviembre de ese año, el presidente promulgó la Ley 50, que se convertiría en la base legal para que los legisladores importen vehículos para su uso, exonerados de impuestos, pero también cientos de unidades de lujo y deportivos, aprovechando la venta frecuente de este privilegio.

La Ley 50 no tiene preámbulos; fue directa al grano. Su primer artículo establece: "Se autoriza a cada legislador, Diputado o Senador, importar al país para su uso personal, un automóvil libre de toda clase de impuestos o derechos".

Los legisladores de esa época establecieron un límite: el vehículo exonerado no podía exceder los 3,000 dólares (equivalentes a 3,000 pesos según la tasa de cambio de ese año) en su valor de fábrica. Además, el automóvil no podía ser vendido durante los cuatro años siguientes a su adquisición, salvo que se pagara al fisco los impuestos exonerados, conforme a una escala establecida.

Sin embargo, ocho años después, los legisladores consideraron que los 3,000 dólares eran insuficientes debido a la inflación. Argumentaron que ese monto solo permitía adquirir un vehículo usado "y de muy dudosas condiciones". Así, en 1974, mediante la Ley 14, elevaron el límite a 5,000 dólares (unos 5,700 pesos), manteniendo la restricción de importar un solo vehículo.

Pasaron apenas cuatro años para que volvieran a ajustar el monto por el mismo motivo. Con la Ley 2 del 1978, aumentaron el límite a 6,000 dólares (7,500 pesos), sin modificar la cantidad de vehículos autorizados a importarse.

Nueve años pasaron para que la combinación de la inflación y la crisis energética global llevara nuevamente a una revisión. Argumentaron que el límite de 6,000 dólares apenas alcanzaba para  "un vehículo usado y no de muy buenas condiciones de seguridad".

Según los legisladores, aumentar el monto "en nada" afectaría "el ingreso al fisco", porque los vehículos ya estaban exentos de todo impuesto o gravamen. Además, que la investidura del legislador dominicano "conlleva una alta representatividad a la par con los países amigos".

Con la Ley 21-87 del 1987, aumentaron de un porrazo el límite a 18,000 dólares (unos 63,180 pesos).

SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) rechazó este jueves una solicitud de convocatoria a comicios en el municipio Concepción de La Vega, argumentando que no cuenta con competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias.

Mediante resolución el Pleno de la JCE  indica que las elecciones extraordinarias son las que se efectúan por disposición del organismo comicial, de una ley o por sentencia del Tribunal Superior Electoral para proveer los cargos electivos correspondientes a divisiones territoriales.

Las mismas pueden ser nuevas o modificadas o cuando sean necesarias por haber sido anuladas las elecciones anteriormente verificadas en determinadas demarcaciones, de acuerdo con la ley o para cualquier otro fin.

ESTUDIO PROFUNDO DEL CASO

El mismo documento agrega que después de revisar los textos legales de la República Dominicana y de hacer un análisis integral y exhaustivo, es de criterio de que no es favorable las solicitudes de convocatoria a elecciones extraordinarias.

La JCE explica que la solicitud de convocatoria a elecciones extraordinarias para el alcalde en La Vega fue suscrita por Franiel Genao Núñez, delegado político del partido Opción Democrática y la intimación depositada por la Fundación Primero Justicia y el señor Luis Suárez Peralta.

El exintendente de armas de la Policía Nacional, coronel Narciso Antonio Feliz Romero, uno de los principales imputados en el entramado del caso Pandora, se había auto asignado un fusil marca Colt M-16 y también tenía asignado una ametralladora, un revólver y una pistola.

Conforme con un oficio remitido al director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Guzmán Peralta y remitido a la directora de Persecución del ministerio público, Yeni Berenice Reynoso, el coronel Feliz Romero, se autoasignó el fusil en mención, ya que al momento del cargo de dicha arma, fungía como intendente de armas de la institución.

De acuerdo al oficio del coronel Francisco Pimentel, Intendente de Arma de la Policía, el referido fusil fue requerido al coronel Feliz Romero por la Inspectoría General de la Policía, para que lo devolviera, siendo entregado por el cabo José Ariel Beato, por instrucciones del referido coronel detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

En el oficio, que forma parte del legajo acusatorio del Ministerio Público, además se hace constar que el imputado Feliz Romero, también tenía asignada mediante formulario No.73202, de fecha 5 de enero pasado, la ametralladora marca Sig Sauer, calibre 9 milímetro y el revólver marca Ruger calibre 38 milímetro, el 28 de marzo pasado.

Igualmente, la pistola marca Glock, calibre 9 milímetro, mediante formulario 78029 del 3 de julio pasado.

Feliz Romero, quien era encargado del Departamento II de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, cargo que ocupó desde noviembre de 2023 hasta el 25 de octubre de este año.

De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, Feliz Romero, utilizó esta posición para sustraer, vender y comercializar municiones y accesorios que se encontraban bajo su control y custodia, con la ayuda del capitán Nelson Váldez; el cabo Jorge Luis Zorrilla Marte y los rasos Héctor José Acevedo Liriano y Morelbin Medina Pérez.